La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que se inhiba de conocer de fondo la demanda contra el aparte del Código de Procedimiento Civil que señala a cuáles representantes de la Nación y de entidades públicas se les invalida su confesión espontánea (art. 199). Según el Ministerio Público, la disposición no menciona a todas las entidades a las cuales se les aplica la invalidez de testimonio, pero esto no es una obligación constitucional, por ser una norma procesal. La entidad explicó además que la vigencia de la Constitución de 1991 no implica que al artículo se le aplique el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente.