Teniendo en cuenta que el principio de buena fe trae consigo una presunción de legalidad que admite prueba en contrario, le corresponde a quien la echa de menos probar que el peticionario actuó de mala fe, explica la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, cuando se trata de un error de la Administración (por ejemplo, el reconocimiento pensional a quien no cumple requisitos), esta no puede con posterioridad alegar en su favor su propia culpa para recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe. En todo caso, concluye la Sala, se debe analizar cada caso para determinar si hay lugar o no a la devolución de dineros (C. P. William Hernández Gómez).