Una decisión reciente del Consejo Superior de la Judicatura confirma la sentencia en la que se sanciona a una abogada con suspensión de dos años del ejercicio profesional por la comisión de la falta a la honradez prevista en el numeral 4° del artículo 35 la Ley 1123 del 2007, a título de dolo. Según reseña el proceso, esta recibió dinero producto de una conciliación por alimentos llevada a cabo hace 17 años en la Fiscalía y los correspondientes títulos judiciales por más de $ 1 millón 500 mil. Sin embargo, dicha suma no fue entregada en aquella época, pues hasta el 2012 la disciplinada decidió hacer, de manera fraccionada, unos abonos a la deuda con su poderdante. Vale la pena mencionar que no se canceló en su totalidad lo debido. La Sala Disciplinaria concluyó que, dada la condición de la investigada y por su experiencia, era plenamente conocedora que utilizar estos dineros y no entregarlos al momento de haberlos recibido conllevaba la realización de un comportamiento antiético, “siendo absolutamente reprochable su omisión, porque los dineros estaban destinados a cubrir la necesidad de menores de edad” (M. P. Julia Emma Garzón).