La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años impuesta a una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, luego de acreditar que omitió calificar el mérito de una instrucción, lo que conllevó a que por vencerse el término establecido por la legislación aplicable para ese momento (numeral 4º del artículo 365 de la Ley 600 del 2000) tuviera que otorgar la libertad provisional a los presuntos responsables del delito de homicidio en persona protegida. De acuerdo con el alto tribunal, dicha conducta configura la falta la gravísima prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 del 2002, en concordancia con el artículo 414 del Código Penal (M. P. Magda Victoria Acosta).