El año pasado, el Gobierno Nacional presentó ocho objeciones contra el proyecto de ley 055/14S-195/14C, que contiene el nuevo Código General Disciplinario, cuatro de ellas fueron por inconstitucionalidad y las restantes, por inconveniencia. La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que eran infundadas la mayoría de estas objeciones, en cuanto no vulneran el principio de favorabilidad y encajan dentro del ámbito de configuración del legislador del régimen disciplinario para calificar la gravedad de las faltas. No obstante, en cuanto a tres de las conductas sancionadas, se encontró fundada la objeción sustentada en la falta de proporcionalidad en relación a la situación prevista en el numeral 1º del artículo 55, relacionada con la configuración del silencio administrativo positivo, al no distinguirse sobre las diversas circunstancias en que tal resultado puede presentarse; la contenida en el numeral 1º del artículo 58, concerniente a una posible omisión de los comités de conciliación, por la parcial indeterminación del texto objetado y por la falta de necesidad estricta de la sanción frente a esta conducta y la parte del numeral 3º del artículo 55 relacionada con el consumo en lugares públicos de sustancias prohibidas que produzcan dependencia, dado que reproduce una norma que fue declarada exequible de manera condicionada en la Sentencia C-252 del 2003, en el sentido de la posibilidad de sancionar tal conducta únicamente en caso de que ella incida sobre la prestación del servicio público a cargo del infractor (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza).