El Consejo Superior de la Judicatura confirmó una sentencia que sanciona a una abogada con suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión y multa de casi $ 1 millón 500 mil, al ser declarada responsable de incurrir en las faltas previstas en el literal c) del artículo 34 (a título de dolo) y en el numeral 1° del artículo 37 (a título de culpa) de la Ley 1123 del 2007.  Según el concepto de la Sala, la disciplinada retardó el inició de las gestiones encomendadas en un proceso de divorcio, debido a que dejó de obtener oportunamente un registro civil al que se comprometió, además del descuido en el manejo de los documentos que le fueron entregados. Por otro lado, el alto tribunal encontró que esta no fue clara con su cliente a lo largo de la gestión, pues desde el principio no le advirtió que, dadas a sus múltiples obligaciones, el tramite no sería lo suficientemente expedito. Tampoco le explicó si los documentos a adjuntar eran copia u original, ni le informó los avances del asunto. Finalmente, y en relación con la sanción, fue confirmada al ser la misma razonada, proporcionada y necesaria (M. P. Magda Victoria Acosta).