La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de censura a una abogada que omitió actualizar su dirección profesional en el Registro Nacional de Abogados, de conformidad con lo descrito en el numeral 13 del artículo 33 de la Ley 1123 del 2007. En ese escenario, el alto tribunal recordó que esa obligación, además de ser un deber de todos los profesionales del Derecho, es el medio por el cual los abogados pueden ser vinculados a cualquier gestión profesional. En efecto, a lo largo del proceso disciplinario se acreditó que el referido incumplimiento condujo a su inasistencia a la audiencia de pruebas y calificación provisional programada en varias oportunidades dentro de proceso de igual naturaleza (M. P. Julia Emma Garzón).