La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la exclusión de la profesión impuesta a un abogado que recibió poder para responder una demanda ejecutiva, pese a haber sido previamente sancionado en los mismos términos, y, además, por haberse apropiado de los dineros que su representada le había entregado para cancelar una obligación, utilizando, para ese fin, documentos apócrifos. En efecto, el alto tribunal pudo evidenciar que el disciplinado, representado por un defensor de oficio debido a su incomparecencia, había sido sancionado de manera reiterada con suspensión y exclusión en el ejercicio de la profesión. Específicamente, contaba en sus antecedentes con cuatro exclusiones y multas, así como con cinco suspensiones, cada una mayor a un año. Por eso, en esta oportunidad decidió también compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación (M. P.  Camilo Montoya).