La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la multa de cuatro salarios mínimos para una abogada por la comisión de la falta contra la real y leal realización de justicia y los fines del Estado, prevista en el numeral 8° del artículo 33 de la Ley 1123 del 2007. En el caso concreto, la disciplinada interpuso una serie de acciones para entorpecer el normal desarrollo de un proceso hipotecario, pues estaban dirigidas a cuestionar situaciones frente a las cuales la litigante tenía pleno conocimiento que ya se habían consolidado, con lo cual, para el alto tribunal, se evidenció un abuso de las vías de Derecho (M. P. Camilo Montoya Reyes).