Para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo del agente, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el artículo 63 del Código Civil, pues también deberá atender lo previsto  en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos, recordó el Consejo de Estado. Resulta igualmente necesario, añadió, tener en cuenta otros conceptos como los de buena fe de la Constitución y la ley, a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia. Adicionalmente, el alto tribunal reiteró que la prosperidad de esta acción está sujeta a: i) la existencia de una obligación a cargo de la entidad estatal; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad; iii) la magnitud del detrimento patrimonial que se reclama del demandado y su fundamento; iv) la prueba de la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; v) la culpa grave o el dolo en la conducta del agente  y, finalmente, vi) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico (C.P. Hernán Andrade).