La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de exclusión impuesta a un abogado que se apropió de más de $ 18 mil millones, dinero recibido como consecuencia del trámite de un proceso laboral en el que fugía como apoderado de los demandantes. La Sala reiteró que este tipo de conductas contrarían el deber de actuar con honradez, consagrado en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 del 2007, por cuanto quedó demostrado que el abogado investigado retuvo injustificadamente unos dineros que eran de propiedad del Estado y no procedió a devolverlos, pese a los requerimientos judiciales que se le hicieron, inclusive, mediante un fallo de tutela (M. P. Fidalgo Javier Estupiñán).