El Gobierno acaba de sancionar la ley que establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas y el término de caducidad, entre otros aspectos. El proceso sancionatorio será un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que con su conducta dolosa o culposa hubieren incurrido en una de las causales establecidas en la Constitución. La nueva ley permitirá una división orgánica en el Consejo de Estado, de modo que se creará una sala para tramitar estos casos en primera instancia y la segunda será responsabilidad de la Sala Plena. Las salas especiales de decisión de la corporación conocerán en primera instancia de la pérdida de investidura de los congresistas. Dispondrán de un plazo no mayor de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud en la Secretaría General de la corporación para dictar la sentencia de primera instancia. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se sujetará a las reglas fijadas en la norma.