Discusión sobre arbitraje para procesos ejecutivos vuelve al Congreso

La Comisión Primera del Senado realizó una audiencia pública en la que tanto expertos juristas como el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se pronunciaron frente al proyecto de ley 019/21S (por medio de la cual se crea la modalidad de arbitraje para procesos ejecutivos, mediante el pacto arbitral ejecutivo, con el objetivo de descongestionar el aparato judicial).

Según indicó el ministro, “con un proyecto como este, si hay suficientes centros que se provean de árbitros efectivamente pueden descongestionar de manera significativa el sistema judicial”.

Así mismo, apuntó que “este proyecto puede ser benéfico, se le podrán introducir modificaciones, pero es un proyecto que está bien encaminado y que no tiene problemas de constitucionalidad, ya que cuenta con condiciones de garantía de autonomía de la voluntad”.

Entre las modificaciones a las que se refirió Osuna se encuentra la exclusión de los créditos hipotecarios de adquisición de vivienda, con el objetivo de “no legislar sobre un aspecto en que hay cosa juzgada constitucional”.   

Al igual, aseguró que con lo que plantea esta iniciativa se supera el problema jurídico analizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1149 del 2000. (Lea: Constitucionalidad del ejecutivo arbitral)

¿Qué dijeron los expertos?

Por su parte, el director del consultorio jurídico y el centro arbitraje y conciliación de la Universidad del Norte en Barranquilla, Juan Antonio Barrero, aseguró que encuentra una inconsistencia social en algunos aspectos del proyecto, y a diferencia del Ministro de Justicia considera que no se superan todas las barreras presentadas por la Corte Constitucional para cierto grupo poblacional, agregando que “lo lógico sería ampliara una mayor exclusión no por ser inconstitucional, sino por ser inconveniente desde una perspectiva social en el tráfico de los negocios que se darían por el pacto arbitral”.

Asegura que para que el pacto arbitral resulte accesible y viable económicamente para las personas de bajos recursos se debe hacer un esfuerzo pedagógico muy grande para que llegue al común de la gente.

A su turno, la coordinadora de proyectos del Instituto de Ciencia Política, María Fernanda Gallego, hizo énfasis en el tema de la accesibilidad, indicando que “si bien puede ser una herramienta para descongestionar, es importante pensar en aquellas personas que tienen menos recursos, no solamente económicos sino también técnicos”.

De acuerdo con el jurista Ramiro Bejarano, de aprobarse esta iniciativa “se debe iniciar en las grandes ciudades, que es allí donde está la congestión”.

Conozca a detalle qué plantea el proyecto de ley en el documento adjunto a esta nota.