En reciente comunicado, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao, exaltó la publicación de la Sentencia C-134 del 2023, mediante la cual la Corte Constitucional revisó el proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y adoptó importantes decisiones en esta materia.

Una de ellas, señaló el funcionario, es la rectificación del poder jurisdiccional disciplinario atribuido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la exigencia de que en las ternas para los magistrados, cuando hayan de conformarse, deberá estar siempre presente una mujer. (Lea: Después de un año, publican fallo que revisó Ley Estatutaria de Administración de Justicia)

La segunda tiene que ver con la atribución de facultades de policía judicial a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, lo cual significa que la corporación directamente, a través de sus propios funcionarios, podrá realizar labores forenses para la consecución de pruebas de una manera mucho más integral y eficiente.

Adicionalmente, señaló Cajiao, se extrae del fallo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial podrá dar órdenes de policía judicial de los cuerpos técnicos respectivos de la Fiscalía General de la Nación y de la Dijín, lo que implica un fortalecimiento muy importante del control jurisdiccional disciplinario.

#Histórico | La @CConstitucional avaló las facultades de policía judicial invocadas por nuestra Corte Disciplinaria, las cuales están consagradas en la nueva #LeyEstatutaria de la administración de justicia. Exaltamos esta decisión y nos preparamos para el futuro#LaComisiónEsMás pic.twitter.com/hJKMpdj9EM

— Comisión Nacional de Disciplina Judicial (@CNDJ_Col) May 28, 2024

El artículo 55 del texto analizado prevé que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial podrá ejercer las funciones de policía judicial que se requieran en ejercicio del control jurisdiccional disciplinario, sin perjuicio de la colaboración que pueda solicitar a los órganos que ya tienen facultades de policía judicial, quienes están obligados a prestarla de manera gratuita, así como el apoyo técnico prioritario que se considere necesario para el éxito de las investigaciones.

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