La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó la terminación de un proceso disciplinario en favor de una fiscal al evidenciar que la investigada no actuó de manera negligente y omisiva al responder un derecho de petición interpuesto por el quejoso.

Se demostró que la funcionaria no tenía a su alcance toda la información requerida y, ante esa circunstancia, procedió a guiar al peticionario ante la autoridad judicial a la que debía dirigirse, donde se contaba con los elementos para la respuesta de los puntos restantes, cumpliendo los componentes esenciales que exigen la contestación al derecho de petición. Por lo tanto, se tiene que la respuesta contenía argumentos de fácil comprensión, atendiendo lo correspondiente sin información evasiva, ni encaminada a ocultar información.

De modo que al acreditarse la imposibilidad de la disciplinable en el suministro de un porcentaje de la información solicitada se aplica el principio general del derecho: “nadie está obligado a lo imposible” y, en tal sentido, se tiene que ninguna persona deberá cumplir con un precepto legal cuando física, humana y racionalmente no le sea dable, siendo la falta de dominio de la documentación solicitada una eventualidad ajena a los actos de la fiscal. (M.P: Julio Andrés Sampedro Arrubla).