Esta tesis de la Sección Primera del Consejo de Estado se manifiesta en un proceso en el que encontró que una investigación por prácticas comerciales restrictivas no tuvo en cuenta otros competidores, no distinguió que se trataba de un insumo industrial que podía ser sustituido y no analizó la estructura de costos de la transacción superior al precio de venta. Así, el alto tribunal anuló el acto administrativo que determinó el abuso de una posición dominante en el mercado, al no encontrar pruebas de las prácticas consagradas en el numeral 5º del artículo 45, ni en el numeral 5º del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 (C. P. Marco Antonio Velilla).