La Sala Disciplinaria del Consejo Superior sancionó a una abogada al encontrarla responsable disciplinariamente de haber infringido el numeral 2° del artículo 33 de la Ley 1123 del 2007, comoquiera que, sin justificación alguna, asesoró erróneamente a su cliente y promovió una actuación contraria a derecho al avalar la conducta de su poderdante, e incluso acompañarlo a sustraer arbitrariamente a la menor de edad hija del asesorado de la vivienda de su progenitora, sin importarle las consecuencias psicológicas que se pudieran presentar ante tales acontecimientos. La sentencia recordó que la ley le impone a los profesionales del derecho el deber de actuar de manera diáfana y ponderada, ciñéndose al debido proceso previamente establecido, sin restricción alguna para ejercitar su derecho a la defensa o el de los intereses que le hayan sido confiados, pero sin que ello lo faculte para abusar del mismo, obviando las etapas procesales pertinentes y contrariando el espíritu y finalidad de las normas instrumentales (M.P. Pedro Alfonso Sanabria).