La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la suspensión de dos meses a un abogado, tras hallarlo responsable por la comisión de la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 del 2007, según la cual se sanciona la falta de respeto contra la administración judicial y las autoridades administrativas. En el caso concreto, se pudieron comprobar las imputaciones deshonrosas y temerarias del disciplinado contra unas procuradoras delegadas, utilizando palabras desatinadas y dirigidas a injuriar sus actuaciones profesionales. La Sala justificó su decisión indicando que con este tipo de sanciones se intenta preservar los fines en que fue inspirado el ejercicio del Derecho, y con mayor razón cuando los abogados deben proceder con respeto en sus relaciones con las autoridades judiciales y la administración de justicia (M.P. Adolfo León Castillo).