El Consejo Superior de la Judicatura sancionó a un abogado que incurrió en una conducta que atenta contra la ética de los profesionales del Derecho. La infracción, contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 del 2007, contempla como un atentado contra el recto ejercicio del Derecho la tergiversación y la desfiguración de las pruebas dentro del proceso judicial. Esto por cuanto en un proceso que buscaba reclamar una pensión el jurista falsificó los documentos que sustentaban la invalidez de su representado. En el marco de los hechos, la alta corporación determinó que el implicado tenía pleno conocimiento de sus acciones y actuó generando detrimento patrimonial al Estado, además de mancillar la imagen de los abogados del país. (C.P. Adolfo Castillo).