Tráfico ilegal de especies silvestres tiene pena de hasta 108 meses de cárcel
Si las especies están en peligro o son migratorias las penas se agravan sustancialmente.
08 de Abril de 2025
En Colombia, cualquier persona que tenga conocimiento sobre actividades de tráfico o comercialización ilegal de fauna silvestre debe presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación. Esta puede realizarse de forma verbal o escrita, describiendo brevemente los hechos, como el lugar, la fecha y la manera en que sucedieron. Las denuncias pueden entregarse en las Salas de Atención al Usuario (SAU), Salas de Recepción de Denuncia (SRD) o casas de justicia.
Si no es posible acudir directamente a la Fiscalía, los ciudadanos también pueden dirigirse al cuadrante de la Policía Nacional más cercano. La Unidad de Protección Ambiental y Ecológica está capacitada para recibir denuncias ambientales, orientar a la comunidad sobre los pasos a seguir y actuar de forma inmediata cuando se confirme el delito ambiental. (Lea: Ley promueve protección y conservación de fauna silvestre en zoológicos y acuarios)
Una vez radicada la denuncia, la Fiscalía, a través de su Unidad de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, adelantará la investigación respectiva. Si existen pruebas suficientes, el caso será presentado ante un juez penal con función de control de garantías y posteriormente ante el juez penal de conocimiento, quien decidirá si procederá una condena o absolución.
Las personas que incurran en delitos contra la fauna silvestre o especies amenazadas se enfrentarán a sanciones penales que van desde 48 hasta 108 meses de prisión, además de multas que pueden alcanzar hasta 35.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas penas aumentan entre una tercera parte y la mitad si las especies están catalogadas como amenazadas, migratorias, raras, en riesgo de extinción o endémicas.
Además, las personas responsables de estos delitos deben asumir la reparación de los daños ocasionados. Incluso las autoridades que omiten actuar cuando están obligadas a hacerlo podrían incurrir en responsabilidad penal. El ingreso no autorizado de especies exóticas, invasoras o peligrosas para el ecosistema colombiano también se castiga con prisión, así como la explotación ilegal de recursos por parte de extranjeros en el país.
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