El Gobierno acaba de ampliar por seis meses el término previsto en el parágrafo del artículo 6° del Decreto 1740 del pasado 19 de mayo, que adoptó el nuevo reglamento del programa de protección de personas en riesgo extremo como consecuencia de las actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias que realizan (sindicalistas, dirigentes o activistas de organizaciones sociales, cívicas, comunales, gremiales y campesinas y periodistas, etc.). Según la nueva determinación, las responsabilidades del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en ese programa disminuirán gradualmente, en la medida en que se cumplan las etapas del proceso de traslado de las mismas al Ministerio del Interior y de Justicia, hasta su finalización, a más tardar, el 31 de diciembre del 2010.