Contraloría alerta que Justicia y Paz depende de fondos estatales, no de victimarios

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó un estudio sobre el sistema de Justicia y Paz en Colombia durante un foro con motivo de su vigésimo aniversario. Esta justicia, instituida por la Ley 975 del 2005, ha sido financiada predominantemente con recursos del presupuesto público estatal, asumiendo el 95,53 % de las indemnizaciones a las víctimas. A pesar de que la ley establece que la reparación debe ser financiada inicialmente por los bienes de los postulados condenados, esta estrategia no se ha concretado, lo que plantea preguntas sobre la sostenibilidad del sistema.

Desde su implementación, según datos de la Contraloría, las cifras revelan que más de $ 17,7 billones han sido destinados a la reparación y apoyo a las víctimas, así como a la judicialización y reintegración de desmovilizados entre 2005 y junio del 2024. La mayoría de estos recursos fueron utilizados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que recibió el 86,52 % del total. Sin embargo, el contralor advirtió que muchas entidades carecen de un desglose detallado de los gastos, dificultando el seguimiento del costo total del proceso. (Lea: Antecedente en casos de violencia de género resulta relevante, sin afectar el debido proceso)

En cuanto a la judicialización, se reveló que 1.507 postulados siguen activos, de los cuales un 30 % han sido condenados por 15.236 delitos relacionados. Estos casos han reconocido un total de 40.450 víctimas, representando un 15,8 % de las mencionadas en las imputaciones. A lo largo del periodo estudiado se registraron 260.198 hechos delictivos, de los cuales 128.527 fueron efectivamente imputados, lo que evidencia la persistente complejidad del proceso judicial.

Por último, el análisis subrayó la necesidad urgente de mejorar la judicialización y la reparación integral a las víctimas. A pesar del tiempo transcurrido, se evidencian limitaciones significativas en la implementación del sistema. La expectativa inicial de que los bienes de los victimarios financiarían la reparación no se ha cumplido, reforzando la obligación del Estado de buscar soluciones efectivas para corregir los errores y garantizar el respaldo a las víctimas.

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