El trámite de insolvencia previsto en los artículos 531 al 576 del Título IV de la Ley 1564 del 2012 (Código General de Proceso) se aplica solamente a las personas naturales no comerciantes y no a aquellas con la condición de controlantes de sociedades mercantiles o que formen parte de un grupo de empresas, cuya insolvencia debe sujetarse a lo previsto en la Ley 1116 del 2006 (Ley de insolvencia empresarial), en sus dos modalidades, reorganización o liquidación judicial, precisó la Superintendencia de Sociedades. La persona interesada en acceder al trámite en mención podrá negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores, para obtener la normalización de sus relaciones crediticias, convalidar los acuerdos privativos a los que llegue y liquidar su patrimonio.