El control previo de las integraciones empresariales que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio, con base en las facultades que le entregó la nueva Ley de protección de la competencia (Ley 1340 del 2009), es compatible con la libertad de empresa, la libre competencia económica y los principios de buena fe y proporcionalidad. Así lo señaló la Corte Constitucional al declarar exequibles los artículos 9, 11, 12, 13 y 22 de dicha norma, que obligan a informar esas operaciones, señalan los motivos que conducen a aprobarlas condicionalmente o a objetarlas, consagran la excepción de eficiencia y autorizan la reversión de las integraciones que no se informaron, se realizaron a pesar de que fueron objetadas o incumplieron las condiciones que motivaron su autorización (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).