Aunque en virtud de su objeto social, en los términos del Decreto 2555 de 2010, las sociedades titularizadoras están sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, no están citadas dentro de las entidades que el artículo 1º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero describe como instituciones financieras, como son los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros y de capitalización, las entidades aseguradoras y los intermediarios de seguros y reaseguros. Por lo tanto, no pueden considerarse como tal.