11 de Diciembre de 2024 /
Actualizado hace 9 hours | ISSN: 2805-6396

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Reglamentan funcionamiento del Consejo Nacional de la Economía Popular

09 de Enero de 2024

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Reglamentan funcionamiento del Consejo Nacional de la Economía Popular (Alcaldía)

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante Decreto 2185, del 18 de diciembre, reglamentó el funcionamiento del Consejo Nacional de la Economía Popular, creado por el artículo 74 de la Ley 2294 del 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026).

Dicho consejo se encargará de formular las líneas de la política pública para la economía popular y de coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para el reconocimiento, defensa, asociación libre y fortalecimiento para promover la sostenibilidad de la economía popular, conforme a los principios de coordinación, complementariedad, probidad y eficacia del Estado.

De acuerdo con la norma, era necesaria la operación de esta nueva institucionalidad de asesoría y consulta que permita reconocer esta economía históricamente excluida, sus actores y representantes, así como configurar los espacios de conversación entre el Estado y la economía popular para su visibilidad, fortalecimiento e impulso.

Dentro de las funciones de la nueva institución están asesorar y efectuar recomendaciones al Gobierno Nacional en la formulación de los lineamientos generales de la política pública para el fortalecimiento de la economía popular en el país y, así mismo, analizar las necesidades, desafíos y oportunidades de los diferentes sectores productivos.

De otra parte, podrá proponer espacios de concertación entre los sectores público y privado con el fin de fortalecer y desarrollar la economía popular; integrar, cuando así lo considere y para abordar temáticas puntuales, las mesas técnicas de trabajo con las entidades que componen el nuevo consejo, y promover espacios de articulación social y territorial para fomentar la veeduría social y los mecanismos de participación de los actores de la economía popular.

Se establece un término de tres meses para diseñar e implementar mecanismos de participación ciudadana que garanticen la representación de los actores de la economía popular, según los sectores correspondientes.

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