A más tardar el próximo 10 de agosto, los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE), de manera justificada, hasta un 80 % de anticipo de la financiación estatal de las consultas o de las campañas electorales en las que participen. De otra parte, podrán garantizar el valor del anticipo con póliza o garantía expedida por una compañía de seguros, corporación financiera, compañía de financiamiento comercial o establecimiento bancario, vigilados por la Superintendencia Financiera. El CNE autorizará el anticipo distribuyendo de manera equitativa y proporcional entre todos los que hayan solicitado dicho anticipo, el valor del certificado de disponibilidad presupuestal, según las reglas previstas en el artículo 22 de la Ley 1475 del 2011.