Si bien los objetivos planteados tanto en el artículo 88 del EOSF, sobre cumplimiento de normas de composición accionaria y calidad de beneficiario real; 6.15.2.1.1 del Decreto 2555 del 2010, sobre ofertas públicas de adquisición, y el artículo 10 de la Ley 964 del 2005, sobre principio de finalidad en las operaciones de valores, son distintos, también son complementarios, pues tienen como marco la legalidad de las transacciones de acciones tanto de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera como de acciones de sociedades inscritas en bolsa. El cumplimiento de estas disposiciones no solo supone una revisión anterior al proceso, sino que en todas las circunstancias es sancionable con ineficacia la vulneración a las normas que regulan estos temas. La entidad precisó que las disposiciones que regulan las sanciones mencionadas están vigentes, son especiales y de plena aplicación.