El derecho de voto no puede convertirse en un instrumento para lesionar deliberadamente a los accionistas minoritarios ni para que el bloque mayoritario se adjudique prerrogativas especiales a expensas de los demás asociados, precisó la Superintendencia de Sociedades. Para que pueda predicarse el ejercicio abusivo del derecho de voto, en los términos del artículo 43 de la Ley 1258 del 2008, es necesario acreditar la intención de provocar un daño o de obtener una ventaja injustificada. En el caso analizado, una sociedad por acciones simplificada removió al socio minoritario de la junta directiva en el curso de un conflicto interno, despojándolo de su capacidad para enterarse directamente de las actividades de la compañía y adquiriendo el control sobre el flujo de información. Aunque la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la entidad recalcó que la elección y remoción de los directores de un ente societario corresponde a los accionistas, de acuerdo con el sistema de votación aplicable para el efecto, en este caso se censuró el voto por abusivo e ilícito.