Esta es la ley que establece un marco general para libranza

De acuerdo con la ley, la libranza posibilita la adquisición de productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza acreditados con el salario, los pagos u honorarios o la pensión. Ello siempre y cuando medie autorización expresa de descuento dada al empleador o pagador, quienes en virtud de la suscripción otorgada por el asalariado, contratista o pensionado estarán obligados a girar los recursos directamente a la entidad operadora. (Lea: Recuerde, estos son los requisitos para realizar operaciones de libranza)

La operadora será la persona jurídica o patrimonio autónomo conformado en desarrollo del contrato de fiducia mercantil que realiza operaciones de créditos que se recaudan a través del mecanismo de libranza, por estar autorizada legalmente para el manejo del ahorro del público o para el manejo de los aportes o ahorros de sus asociados. (Lea: Empresas industriales y comerciales del Estado no pueden ser operadoras de libranza)

También podrán serlo aquellas personas jurídicas que sin contar con la mencionada autorización de manejo realizan tales operaciones disponiendo de sus propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley.

Por otro lado, la entidad, de acuerdo con su naturaleza, será objeto de inspección, vigilancia y control por parte de las superintendencias Financiera, de la Economía Solidaria, Sociedades o Subsidio Familiar, según el caso.

Así mismo, una disposición precisa que para todos los efectos legales se reputarán intereses de las sumas que la entidad reciba del deudor de un crédito de libranza sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. (Lea: Procuraduría pide no prohibir las libranzas para quienes ganan el salario mínimo)

Ahora, el Registro único nacional de operadores de libranza (Runeol) también contendrá la información de las operaciones de compra, venta y gravámenes que se hayan efectuado respecto de los derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza, realizados por entidades no vigiladas por la Superfinanciera.

Igualmente, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento.

Con excepción de las vigiladas por la Superfinanciera, la Superintendencia de Industria y Comercio será la encargada de velar por la protección al consumidor en las operaciones de crédito otorgadas por las operadoras de libranza y en los contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios en que esta otorgue financiación de forma directa, siempre que dicha vigilancia no haya sido atribuida a otra autoridad administrativa.

Por último, la norma fija un régimen de transición y vigencia para la ley, por ejemplo, las disposiciones relacionadas con venta de cartera y la nueva función del Runeol entrarán a regir en seis meses.

Congreso de la República, Ley 1902, Jun. 22/18