La Procuraduría General de la Nación insistió ante la Corte Constitucional para que seleccione una acción de tutela de una compañía aseguradora contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio. En el caso, se convocó el arbitramento para que se declarara la cesión de un contrato de agente independiente y los perjuicios por no haber ejecutado de buena fe el contrato tras la cesión. La decisión arbitral declaró incumplido el contrato y condenó al pago de una indemnización. Al insistir en la revisión, el Ministerio Público argumentó que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, ya que las normas que regulan tanto la jurisdicción como la competencia son de orden público y, por ende, de imperioso cumplimiento incluso para el arbitramento, no sólo porque el artículo 116 de la Constitución habilita el arbitraje, sino porque es reconocido que el laudo tiene la categoría de una decisión judicial, por lo que debe cumplir con presupuestos como la competencia.