La Corte Constitucional admitió una demanda contra la expresión “laborales” contenida en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 1258 del 2008, que creó la sociedad por acciones simplificada (SAS).

En opinión del demandante, al establecer una regla de completa separación patrimonial, salvo en caso de fraude societario, la norma desconoce las obligaciones y responsabilidades laborales del empresariado, en menoscabo de los derechos de los trabajadores, con lo que viola los artículos 1º, 2º, 11, 13, 25, 53, 58 y 333 de la Constitución.

La demanda advierte que si el patrimonio de la sociedad es insuficiente en el momento de su liquidación, las acreencias laborales, a pesar de tener un régimen de prelación de créditos, no serán pagadas, lo que amplía de manera desproporcionada la debilidad del trabajador frente a su empleador.

Vale la pena mencionar que en la Corte cursa otra acción de inconstitucionalidad (D-9769) contra este mismo artículo. En este caso, el Ministerio Público pidió que el alto tribunal se declare inhibido para emitir un pronunciamiento de fondo.

(Corte Constitucional, Demanda 9884, ago.30/2013, Demandante: Carlos Andrés Rodríguez)

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