El daño que ocasiona incumplir el acto de aceptación de la cesión de derechos económicos de un contrato estatal a favor de una fiduciaria se demanda con la acción de controversias contractuales, explicó el Consejo de Estado. Que el demandante no tenga relación contractual directa con el demandado, como es el caso de las fiduciarias, no determina que no tengan acción contenciosa, agregó. Según el artículo 77 de la Ley 80 del 1993, los actos administrativos proferidos con ocasión de la actividad contractual deben ser atacados a través de la acción de controversias contractuales. En este sentido, la Sección Tercera ha entendido que la nulidad de actos administrativos de carácter contractual exige que se impetre esta acción, sin que exista condicionamiento o limitación alguna en cuanto al sujeto activo de la acción (C. P. Hernán Andrade Rincón).