De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto Ley 1092 de 1996, la información cambiaria de personas naturales y sociedades que posea cualquier autoridad pública es objeto de reserva legal, en atención a principios constitucionales, en especial el derecho a la intimidad, señaló la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en oficio del 25 de mayo. Así mismo, la Ley 906 del 2004 señala que las actividades de investigación que adelante la policía judicial, que impliquen afectación de derechos y garantías fundamentales, requieren autorización previa del juez de control de garantías a petición del fiscal correspondiente. Según la entidad, dichas disposiciones vinculan tanto a servidores públicos como a funcionarios de entidades u organismos de carácter privado.