La Corte Constitucional aplicó la medida de diferimiento de la inexequibilidad de la emergencia social al Decreto 134 del 2010, que adicionó el Presupuesto General de la Nación en más de $ 558.000 millones y ordenó traslados presupuestales por $ 1.000 millones. El presidente del alto tribunal, Mauricio González, explicó que sin la vigencia de esta norma los recursos recibidos a través de la declaratoria de emergencia social no podrían ejecutarse, pero su destinación será el régimen subsidiado de salud, tal como quedó en el fallo de revisión del Decreto 4975 del 2009. Añadió que todos los decretos que tengan que ver con el uso de recursos tributarios serán examinados bajo la misma tesis, lo que significa que su vigencia se mantendrá hasta finales de este año. González informó además que la sala declaró inexequible, con efecto inmediato, el Decreto 074 del 2010, que había modificado el régimen del Fondo del Seguro de Accidentes de Tránsito (Fonsat), pues no estaba relacionado con recaudo de tributos.