Bajo la premisa de que los empleadores solo pueden contratar el cubrimiento de los riesgos profesionales de sus trabajadores con una sola administradora de riesgos profesionales (ARP), el Gobierno acaba de adoptar una serie de medidas contra la multiafiliación en el sistema, mediante el Decreto 100 del 2012. La norma ordena la depuración de la información de las bases de datos de aportantes a riesgos profesionales, con base en las siguientes previsiones, generadas al 31 de diciembre del 2011: si el aportante está cotizando en varias ARP, se entenderá afiliado a la última que se vinculó; si el aportante está incumpliendo con el pago de las cotizaciones, se entenderá afiliado a la última ARP a la cual realizó pagos, y si el aportante está cumpliendo con la obligación de pago en una ARP, se entenderá vinculado a ella.