Una demanda admitida por la Corte Constitucional busca que se declare inconstitucional el parágrafo primero del artículo tercero del decreto Ley 2610 de 1979. El enunciado normativo establece la obligación de presentar los balances de los estados financieros cada año y la consecuencial multa por omitir esta acción, y ordena radicar estos documentos en la Superintendencia Bancaria (entiéndase Superfinanciera). El demandante resalta que la normativa contradice los mandatos constitucionales sobre la intimidad, la igualdad, el derecho de petición y el debido proceso.