Un escrito de inconstitucionalidad radicado recientemente le solicita a la Corte Constitucional retirar del ordenamiento jurídico varias expresiones del artículo 132 de la Ley 1607 del 2012, a través del cual se modificó el numeral 21 del artículo 879 del Estatuto Tributario, que estableció una exención del gravamen a los movimientos financieros a las empresas dedicadas a la realización de operaciones de factoring vigiladas por la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades), entre otras. A juicio del demandante, los términos atacados generan fuertes desventajas en el mercado de factoring, toda vez que confiere beneficios tributarios solo a algunas entidades que desarrollan esa actividad y excluye a otras sin ninguna justificación (demandante: Carlos Alberto Jiménez Cabarcas).