La Corte Constitucional declaró exequible la ley por medio de la cual se regula el otorgamiento y funcionamiento de créditos de libranza (Ley 1527 del 2012). La posición de la Sala Plena coincidió con lo solicitado por la Procuraduría, que consideraba que la disposición se ajustaba a lo dispuesto por la Carta Política de 1991, al no afectar el principio de progresividad. La norma establece las condiciones en las que se aplican descuentos directos sobre el pago de salarios honorarios o pensión, por la adquisición de productos, principalmente financieros.