Con el fin de crear un sistema de recuperación empresarial que facilite la preservación de la empresa y el empleo, sin descuidar el crédito, y que abarque a todos los actores de la economía, el Gobierno nacional expidió el Decreto Ley 560 del 2020. Según esta normativa, se pretende generar diferentes opciones para que las empresas puedan acceder a mecanismos para salir adelante en esta crisis y preservar la organización y el empleo. Todo lo anterior quiere decir que el Decreto Ley 560 adopta medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, que tendrán vigencia de dos años y que se sustentan sobre cuatro pilares: creación de herramientas extrajudiciales de negociación expeditas; mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito; beneficios tributarios y suspensión de normas y obligaciones legales. El detalle de lo fijado lo puede consultar en el documento adjunto a esta nota.