Una acción pública de inconstitucionalidad radicada recientemente en la Corte Constitucional busca la inexequibilidad de la  expresión “y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia”, contenida en el artículo primero de la Ley 155 de 1959, en la cual se establece el marco normativo sobre prácticas comerciales restrictivas. Según el concepto del demandante, el aparte acusado, al ser una prohibición indeterminada, imprecisa y difusa, contraviene el ordenamiento jurídico superior, específicamente el derecho fundamental del debido proceso en la medida que desconoce también el principio de legalidad. Así mismo, sostuvo que la citada disposición realmente no precisa los comportamientos comisivos u omisiones que se encuentran proscritos. “La misma no define qué se entiende por práctica restrictiva, por procedimiento o por sistema y, mucho menos, cuando esos conceptos pueden ser calificados como prohibitivos de la libre competencia”, concluyó el accionante. Vale la pena decir que la demanda tuvo que ser corregida, dado que el escrito no cumplió en sus momento con las exigencias de especificad, pertinencia y certeza.