Aunque la obligación de actualizar el registro de la inversión extranjera dejó de ser infracción cambiaria, en virtud del Decreto 4800 del 2010, que le delimitó expresamente dicho carácter, en la oportunidad y en las condiciones en que debía efectuarse, la última modificación de la Circular Externa DCIN 83 del Banco de la República estableció que la derogada obligación podría hacerse exigible por parte de este organismo, mediante un requerimiento de carácter administrativo, a aquellas sociedades que no estén en la obligación de enviar estados financieros. En este evento, el incumplimiento puede dar lugar a la imposición de sanciones pecuniarias, respetando los parámetros del debido proceso. Así lo precisó la Superintendencia de Sociedades, en reciente oficio.