Que se declaren como ajustados a la Constitución los procedimientos y alcances de los procesos de inspección, vigilancia y control atribuidos a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, frente a la toma de posesión de las sociedades de gestión colectiva, le pidió la Procuraduría a la Corte Constitucional (artículos 24 al 34 de la Ley 1493 del 2011). El Ministerio Público desestima que se hayan tocado asuntos con reserva legal impuesta por el constituyente, como las causales para determinar o no la inscripción a las juntas; tampoco, dice, se produciría un desconocimiento del derecho al debido proceso, por cuanto no puede alegarse una indeterminación para ejercer las funciones de regulación, vigilancia y control de este tipo de sociedades. La ponencia será presentada por el magistrado Mauricio González.