Abren investigación contra Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol por presunta cartelización en liga femenina
22 de Septiembre de 2023
La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y 29 clubes de fútbol profesional colombiano con el fin de determinar la comisión de conductas que limitan la libre competencia económica en el mercado de la liga profesional femenina en el país, desde el 2017 hasta la actualidad.
Según la entidad, los clubes de fútbol investigados, con la participación de la Dimayor, habrían estandarizado cláusulas en los contratos laborales para vincular jugadoras. Se habría acordado, en primer lugar, que los contratos estarían vigentes únicamente por un término igual al de la duración de la liga, es decir, entre 1 y 4 meses (una vez al año), lo que implica que las jugadoras solo tendrían contrato laboral y recibirían remuneración por ese periodo.
En segundo lugar, los clubes establecieron una cláusula relacionada con la explotación de los derechos de la imagen individual de las jugadoras, según la cual estas tendrían la obligación de participar en campañas publicitarias de los anunciantes que el club eligiera, sin derecho a una contraprestación adicional. (Lea: Mintrabajo formularía cargos contra la Dimayor y Federación de Fútbol).
De otra parte, los clubes investigados, con la participación de la FCF y la Dimayor, habrían acordado el valor de los salarios de las jugadoras de fútbol profesional femenino, fijado una tabla de salarios que clasificaba a cada jugadora en una categoría. El objetivo de este presunto acuerdo entre competidores habría sido garantizar que la mayoría de las jugadoras profesionales solo recibiera el salario mínimo legal mensual vigente y que, como máximo, tuvieran una remuneración de $ 4.500.000 mensuales.
Recibir un salario cercano al mínimo legal por un tiempo no superior a cuatro meses y una sola vez al año obstaculizaría el desarrollo del fútbol femenino, porque en la práctica la mayoría de las jugadoras profesionales no tendrían la posibilidad de dedicarse exclusivamente a esa actividad y tendrían que buscar otras fuentes de ingresos, lo que podría comprometer su desarrollo profesional, además de que no existirían incentivos para que las jugadoras migraran de un club a otro en busca de mejores oportunidades, precisó la superintendencia.
La FCF y la Dimayor, con la anuencia de los clubes investigados, habrían sido renuentes a recibir los recursos que ofrece el Gobierno Nacional para la promoción y el desarrollo del fútbol femenino en Colombia. No obstante, uno de los principales argumentos para explicar las condiciones del mercado del fútbol femenino es la falta de patrocinio y presupuesto para el desarrollo de la liga profesional, pero en realidad es que eso habría implicado vigilancia y auditoría de entes de control.
De ser comprobadas las conductas, la entidad podría imponer multas hasta de $ 116 mil millones por cada infracción y a las personas naturales que hubieran colaborado hasta de $ 2.320 millones. Contra la decisión no procede ningún recurso.
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