El régimen de transición fue contemplado para que quienes cumplían unos requisitos específicos antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 no perdieran sus garantías pensionales, recordó el Consejo de Estado en providencia judicial. Para la alta corporación, en  el caso concreto de los trabajadores oficiales del Banco Popular, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se debe continuar aplicando los requisitos establecidos en el régimen anterior, aunque la entidad financiera posteriormente se haya privatizado. La privatización del banco o de cualquier entidad no muta la calidad de trabajador oficial de un empleado desvinculado bajo el régimen oficial, ya que a su contrato de trabajo debe aplicarse la disposición que rigió durante su desarrollo y, por eso, el trabajador tiene derecho al reconocimiento de su pensión del sector público (C.P. Jorge Ramírez).