Las conductas de los funcionarios de administradoras de riesgos profesionales para rechazar, dilatar, dificultar o negar afiliaciones generan multas sucesivas de hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo previsto en el literal c) del artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, señaló el Ministerio de la Protección Social. Así las cosas, los empleadores, trabajadores y personas que tengan conocimiento y pruebas suficientes sobre el rechazo o no afiliación pueden presentar la queja correspondiente ante las direcciones territoriales de la entidad, para que se dé inicio a la investigación administrativa respectiva.