El Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección de Riesgos Laborales, junto con los ministerios de Salud y Hacienda, construyen un proyecto de decreto que busca reglamentar dicha afiliación voluntaria para trabajadores por cuenta propia que ejercen cerca de 200 ocupaciones u oficios más representativos, con el objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo y salud.

Así, todos los trabajadores independientes por cuenta propia que devenguen más de un salario mínimo mensual legal podrían afiliarse voluntariamente al Sistema General de Riesgos Laborales.

Actores, artesanos, comerciantes, conductores y propietarios de vehículos, jardineros, escritores, sastres, carpinteros, camareros, mecánicos, operarios de mantenimiento, panaderos, plomeros, ayudantes de construcción, deportista y recicladores son algunas de las ocupaciones que se beneficiarían con la medida.

Así, por ejemplo, la afiliación la haría el trabajador a través de la administradora de riesgos laborales (ARL) que escoja. La cotización sería asumida en su totalidad por el trabajador a través de la planilla integrada de autoliquidación de aportes (PILA), la cual sería ajustada por el Ministerio de Salud para que se pueda efectuar el pago en los términos y plazos señalados en la autoliquidación, de manera anticipada, precisando tiempo, modo y lugar en el cual se desarrollará la actividad, así como la clase de riesgo y, dependiendo de la ocupación u oficio, se determinaría la asignación de la tarifa.

Para participar con sugerencias o comentarios sobre esta reglamentación, el ministerio dispuso un formulario en su sitio web; sin embargo, no preciso fecha límite para dicho proceso.

Cabe señalar que esta nueva afiliación se suma a la de los trabajadores independientes que en forma voluntaria y colectiva actualmente se vinculan al Sistema de Seguridad Social Integral a través de las asociaciones y agremiaciones.

Igualmente, obligatoriamente están afiliadas las personas que tienen un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, y los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo.

(Mintrabajo, proyecto de norma, sep. 1/15)