El Consejo de Estado reiteró que el excongresista pensionado antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 solo tiene derecho a que la prestación le sea reajustada hasta el 50 % del promedio de las pensiones devengadas por un parlamentario en 1994, a partir del 1º de enero de este último año. Frente a la devolución de las sumas de dinero pagadas en exceso, la corporación recordó que si el reconocimiento pensional se realizó sin competencia por quien demanda, se presume que el favorecido con la pensión actuó de buena fe (C. P. Alfonso Vargas).