La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Consejo de Estado considerar la posibilidad de establecer unas tablas de indemnización que permitan definir los montos a pagar en aquellos casos en los que se compruebe que hubo retiros injustificados de servidores nombrados en provisionalidad, lo que da lugar a un resarcimiento por parte del Estado. La idea de fijar dichos valores es poder acudir a una tasación más justa que permita reparar integralmente el daño que se le puede causar al trabajador, situación que hizo manifiesta una exfuncionaria del municipio de San Gil (Santander), quien presentó un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de Santander. De ahí que solicite anular el numeral tercero de la sentencia recurrida, que ordenó descontar unas sumas recibidas como salarios y prestaciones a la ciudadana que interpuso el recurso y reclamó ser indemnizada por el Estado y, en lugar de ello, repararla por el daño antijurídico causado por su retiro injustificado. Finalmente, será la Sala Plena, por su trascendencia jurídica y relevancia económica, la que determine la viabilidad o no de la propuesta formulada y decida si resulta factible elaborar unas tablas de indemnización con las que en el futuro se puedan resolver de mejor manera este tipo de demandas e indemnizar el daño, satisfaciendo los intereses de los afectados en equilibrio con los recursos del erario.