La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la norma que fijó las penas a quienes incurran en la violación de los derechos de reunión y asociación, por estimar que en su formación en el Congreso se respetó el principio de consecutividad y congruencia (Ley 1453 del 2011, art. 26). El Ministerio Público señaló que el artículo demandado, al modificar el artículo 200 del Código Penal, se ajusta al propósito de la ley que era reformar dicho código y al estudiar el trámite de la iniciativa, se observa que la misma fue discutida y posteriormente conciliada por las comisiones designadas, por lo que no existió vicio en su conformación.